Santo Domingo.– La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó el protocolo de aplicación de esa legislación y adoptó medidas para iniciar el proceso de pago de deudas del Estado a contratistas.
La decisión fue tomada durante la primera sesión de trabajo de la comisión, creada para revisar reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, conforme al mandato establecido en la Ley 16-26.
La comisión está presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, el protocolo aprobado establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes.
La institución indicó que este marco operativo será de conocimiento público y busca dotar el proceso de reglas claras, uniformes y ágiles para el conocimiento de las reclamaciones.
El protocolo también procura mantener la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas y garantizar que el reconocimiento y pago de las deudas se realice bajo lineamientos de transparencia.
Como parte de las medidas adoptadas, la comisión dispuso remitir el protocolo a los veedores y a todas las instituciones comprendidas en la legislación.
El objetivo es asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas contemplados en la normativa.
La comisión reiteró que constituye una prioridad avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la Ley 16-26.
Para ello, trabaja en crear las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para dar inicio al proceso de pago de las deudas reconocidas por la legislación.
La entidad informó que se dará prioridad a los expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República.
La comisión también reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones que la integran, los órganos de control y los representantes de la sociedad que participan como veedores.
Según Hacienda, este proceso busca garantizar el cumplimiento responsable de las obligaciones del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública.
La Ley 16-26 impacta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
También incluye reclamaciones vinculadas a la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras instituciones estatales.
Con la aprobación de este protocolo, la comisión da un primer paso operativo para revisar los expedientes pendientes, ordenar el proceso de reclamaciones y avanzar hacia el pago de compromisos reconocidos por el Estado conforme a la Ley 16-26.
Fuente: Presidencia de la República Dominicana.
