Las iniciativas buscan modernizar la jurisdicción contencioso-administrativa y establecer reglas para prevenir incompatibilidades y conflictos de intereses en la función pública.
Santo Domingo.– La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado acordó rendir informes favorables a los proyectos de ley sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la regulación de los conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas.
La comisión, presidida por el senador Antonio Taveras Guzmán, concluyó el estudio del proyecto de ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una iniciativa de 117 artículos presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
La propuesta busca garantizar la tutela judicial efectiva de las personas en sus relaciones con la Administración pública.
El texto permitiría que los tribunales competentes examinen actos, actuaciones, conductas u omisiones de las instituciones estatales para determinar si cumplen con la Constitución y el ordenamiento jurídico.
También regularía la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales responsables de conocer los procesos contencioso-administrativos.
La jurisdicción contencioso-administrativa permite que ciudadanos, empresas y organizaciones recurran decisiones de la Administración pública cuando consideren que sus derechos han sido afectados.
Durante el proceso de estudio, los integrantes de la comisión revisaron las disposiciones de la iniciativa para fortalecer la seguridad jurídica y actualizar el funcionamiento de la justicia administrativa.
El informe favorable deberá ser presentado ante el Pleno del Senado, que decidirá si aprueba, modifica o rechaza el proyecto en las discusiones correspondientes.
Proyecto regularía conflictos de intereses
La comisión también acordó rendir un informe favorable al proyecto de ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas, presentado por Antonio Taveras Guzmán.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico para prevenir, identificar y gestionar situaciones en las que los intereses particulares de un funcionario puedan interferir con el cumplimiento imparcial de sus responsabilidades públicas.
El proyecto establece principios de objetividad, independencia e imparcialidad para las actuaciones de los servidores públicos.
También contempla la obligación de presentar declaraciones juradas de intereses, conforme al alcance y las condiciones que establecería la nueva legislación.
Estas declaraciones permitirían identificar relaciones económicas, profesionales, familiares o de otra naturaleza que puedan influir en las decisiones adoptadas por funcionarios públicos.
La propuesta incorpora además un régimen de consecuencias por incumplimientos relacionados con incompatibilidades, omisiones y conflictos de intereses.
El objetivo es fortalecer los mecanismos preventivos y evitar que las decisiones administrativas sean utilizadas para favorecer intereses particulares.
Al igual que el proyecto sobre justicia administrativa, esta iniciativa deberá ser sometida al conocimiento del Pleno del Senado antes de continuar su trámite legislativo.
En la reunión participaron, además de Taveras Guzmán, los senadores Rafael Barón Duluc Rijo, Franklin Romero, Santiago José Zorrilla y Aracelis Villanueva.
Fuente: Senado República Dominicana
