Por: Inés Maria Bergés
El presunto desfalco millonario en SeNaSa no es solo un nuevo capítulo en la larga historia de corrupción en República Dominicana. Es, posiblemente, uno de los golpes más profundos al corazón social del país. No estamos hablando de obras públicas, de aduanas o de contratos energéticos, ámbitos que, aunque sensibles, no inciden de manera tan inmediata en la vida y el cuerpo de la gente. Estamos hablando de salud. De medicinas. De cirugías que no pueden esperar. De tratamientos de cáncer. De niños, envejecientes, madres solteras y trabajadores que viven al día. Cuando se toca SeNaSa, se toca al país entero.
SeNaSa es, posiblemente, la entidad de mayor impacto social del Estado. Administra servicios para más de 7.4 millones de personas en todos los regímenes, desde trabajadores formales hasta ciudadanos en extrema vulnerabilidad. Y cuando se habla de “fondos públicos desviados”, no se habla de dinero abstracto. Estamos hablando de lo que paga la diálisis de un paciente renal, la quimioterapia de una mujer con cáncer de mama, la cirugía cardíaca de un envejeciente, los medicamentos que un niño asmático necesita cada mes o la cesárea de una madre que no tiene seguro privado. En nuestro país, lo primero que se pregunta una familia cuando alguien se enferma es: “¿Lo cubre el seguro?”. Imaginemos ahora que ese seguro, supuestamente blindado y fuerte, haya estado siendo drenado por dentro.
Lo que este caso evidencia no es solo una falla administrativa puntual, sino una captura institucional en sentido jurídico estricto: la sustitución de la finalidad pública por intereses privados incrustados en la estructura misma de decisión. Más aún, cuando la corrupción se incrusta en funciones regladas y bajo procedimientos obligatorios, no se está frente a una simple irregularidad, sino ante una violación sistemática del principio de imparcialidad administrativa, que exige que cada decisión responda exclusivamente al interés general. La existencia de sobornos, tráfico de influencias o manejo discrecional de fondos públicos implica la sustitución del interés general por intereses particulares, lo que en términos jurídicos configura una incompatibilidad absoluta con la función pública.
De tal manera que, si se verifican los hechos imputados, no estaríamos ante un simple caso de corrupción administrativa, sino ante una violación estructural del orden jurídico, con efectos directos sobre los derechos fundamentales y la confianza legítima que los dominicanos depositan en sus instituciones. Y esa gravedad exige una respuesta del Estado proporcional a la magnitud del daño: firme, exhaustiva y sin concesiones.
Para el obrero de construcción en Villa Mella, para la trabajadora doméstica en Arroyo Hondo, para la madre soltera de Los Alcarrizos, para el colmadero que trabaja doce horas, para el profesor que gana 20 mil pesos, para el motorista que vive “resolviendo”. SeNaSa es lo único que tienen. SeNaSa es la seguridad de que una fractura, una operación, una emergencia o un embarazo no los empujará más a la pobreza. SeNaSa es la única institución que muchos dominicanos sienten que “responde”.
Por eso este caso duele tanto. Porque toca algo que parecía intocable: la esperanza de que al menos en salud pública, las cosas estaban mejorando.
Los dominicanos están cansados de ver cifras enormes en escándalos de corrupción: millones por aquí, miles de millones por allí. Pero este caso tiene un efecto emocional particular porque conecta con experiencias vividas: El hijo que murió esperando una autorización, la abuela que nunca recibió el medicamento, el diabético que perdió una pierna por falta de un procedimiento a tiempo o un paciente oncológico que vio retrasada su quimio. En todos esos casos, la gente suele pensar que fue “mala suerte” o “ineficiencia”. ¿Y si no? ¿Y si parte de esas carencias fueron producto de fondos que nunca llegaron porque alguien se los llevó?.
El país está en un punto crítico. Este caso puede convertirse en: un acontecimiento decisivo, donde se reestructure de raíz la gestión de fondos en salud y se convierta a SeNaSa en una institución más blindada, más transparente y más protegida del poder político; o un recordatorio triste de que la corrupción en Dominicana siempre encuentra una grieta para entrar. Lo que decida el sistema judicial, y lo que haga el propio Estado después del juicio, marcará el futuro del seguro público más grande del país.
Si este caso enseña algo, es esto: La corrupción no siempre se ve. No siempre es una sobrevaluación o un sobreprecio en una obra. A veces es una autorización que nunca llegó. Una cama que no aparece. Un medicamento que falta. Una vida que se apaga. Por eso, este caso tiene que importar. Porque la salud no es un privilegio: es un derecho. Y cuando quienes deben protegerla la comprometen, el país entero queda en manos del azar.
